La postura del oficialismo le genera sospechas. El legislador radical Eudoro Aráoz cuestionó la intención de la Provincia de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en la causa que él inició ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por los millonarios subsidios que distribuyó la Legislatura en 2015.

“Las dilaciones procesales que utiliza el Gobierno provincial en el amparo que formulé para que informe cómo se utilizó el dinero del Poder Legislativo para los ‘gastos sociales’ del año pasado muestra la clara intención del Poder Ejecutivo (PE) provincial de no informar al pueblo sobre el destino dado esos fondos públicos. Los tucumanos tienen derecho a conocer si esa plata fue bien utilizada”, le señaló Aráoz a LA GACETA.

En marzo, el opositor acudió a los tribunales de 24 de Septiembre al 600 para exigir que el Gobierno provincial indique cómo y a favor de quiénes fueron desembolsados más de $ 500 millones presupuestados para supuestas ayudas sociales durante el último año del gobernador, Juan Manzur, como titular de la Legislatura. Aráoz esgrimió, entre otros argumentos, el derecho al acceso a la información pública. Y recordó que, en diciembre pasado, le había requerido sin éxito esos datos al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, vía nota. La Fiscalía de Estado objetó las vías administrativas que había seguido el radical, señalando que debería haber tramitado la documentación a través de las comisiones internas de la Cámara. Luego, los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno solicitaron su inclusión en la causa como codemandantes. Los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello consideraron válida su participación. Por eso, a fines de junio, Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, interpuso un recurso de casación.

Según Debono, la decisión de los vocales “afecta la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional (...), al haberse admitido a quienes carecen de la mínima y necesaria legitimación para estar en este juicio, con turbación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal”. El recurso de casación será analizado por Novillo y Giovanniello. Si desestiman la nueva impugnación, el Gobierno provincial aún puede presentarse directamente ante la Corte Suprema de Tucumán, mediante una queja por casación denegada. Si la aceptan, el expediente subirá al alto tribunal.

Aráoz considera que la postura del Gobierno provincial no es azarosa. “La magnitud de la suma usada para ‘gastos sociales’ superaba con creces el dinero que se otorgaba anualmente a cada legislador para esas ayudas, lo que da lugar a sospechar que parte de esa multimillonaria suma, sobre todo la ejecutada en los meses de junio, julio y agosto de 2015, fue usada para financiar ilegítimamente la campaña electoral del oficialismo gobernante en Tucumán”, afirmó el radical.